Esta ley adaptada a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, por la que se faculta a los jueces a detener una ejecución hipotecaria cuando detecten cláusulas abusivas, regula entre otros temas las medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y restructuración de la deuda. se incluyen:
La suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabilidad, fijándose como ingresos de los miembros de la unidad familiar a no superar la cantidad de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), equivalente a 19.000 euros anuales, limitando el devengo de los intereses de demora.
La venta extrajudicial ante Notario, que puede suspender la venta si se acredita vía judicial la solicitud de clausulas abusivas en el contrato.
Se regulan también medidas de mejora del mercado hipotecario y en el procedimiento de ejecución hipotecaria, así se reforma de la Ley Hipotecaria que amplia la entrada de postores a subastas rebajando el porcentaje de aval. Se fija el valor de tasación no inferior al 75% para el que sirvió de tasación del préstamo; se aumenta el porcentaje de adjudicación al 70% para subastas sin postor en vivienda habitual; y la apreciación en el procedimiento ejecutivo a instancia de parte o de oficio de clausulas abusivas. Se incluyen quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en un plazo del cinco años y del 20% si lo hacen en 10 años desde la fecha de adjudicación en los remates insuficientes para satisfacer el derecho del ejecutante.